Cuando hablamos de prevención de riesgos laborales, solemos pensar en máquinas, productos químicos, equipos de protección o caídas dentro del centro de trabajo. Sin embargo, existe un riesgo que afecta a miles de personas trabajadoras cada día y que, a menudo, pasa desapercibido: el trayecto para ir o volver del trabajo.
Los denominados accidentes in itinere son aquellos que se producen durante el desplazamiento habitual entre el domicilio y el centro de trabajo. Aunque ocurran fuera de las instalaciones de la empresa, tienen la consideración de accidente de trabajo cuando cumplen determinados requisitos. Detrás de ellos hay lesiones graves, secuelas permanentes e incluso fallecimientos que evidencian que la prevención no empieza al fichar, sino mucho antes.
Los datos de Castilla-La Mancha reflejan con claridad esta realidad. Durante 2025 se registraron 2.197 accidentes in itinere, frente a los 2.065 contabilizados en 2024. Este tipo de accidentes aumentó un 6,3%, y destaca el incremento entre mujeres, un 7,5%. Mientras que entre los hombres también aumentó, pero lo hizo en un 0,9%.
Cabe destacar el aumento entre las mujeres trabajadoras. Los accidentes in itinere con baja incrementaron un 6%, lo que debe hacernos reflexionar sobre cómo influyen en la movilidad factores como la distribución desigual de los cuidados, la conciliación o los desplazamientos encadenados que muchas mujeres realizan antes o después de su jornada laboral.
El crecimiento generalizado de los polígonos industriales y centros logísticos está provocando que miles de personas trabajadoras tengan que desplazarse diariamente en vehículo privado para acudir a sus puestos de trabajo. La escasez de transporte público adaptado a los horarios laborales, la ubicación periférica de muchos centros de trabajo y la falta de alternativas de movilidad convierten el trayecto en una parte más de la jornada, aunque pocas veces sea tratado como tal.
Frente a este escenario, la gestión de los desplazamientos laborales ha dejado de ser una recomendación de buenas prácticas para convertirse en una obligación legal de primer orden. La Ley de Movilidad Sostenible introduce una de las mayores novedades normativas de los últimos años en el ámbito corporativo: la obligatoriedad de implantar Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST) para todas aquellas empresas con centros de más de 200 personas trabajadoras (o más de 100 por turno de trabajo).
Este cambio normativo supone un giro radical en cómo entendemos la prevención. Ya no basta con diseñar un documento genérico sobre el papel; la ley exige que las empresas realicen un diagnóstico exhaustivo y real de cómo llegan sus empleados al centro y negocien las soluciones directamente con la representación legal de los trabajadores.
Un Plan de Movilidad Sostenible (PMST) eficaz y adaptado a la realidad de cada entorno debe estructurarse bajo tres pilares fundamentales que impactan directamente en la reducción de la siniestralidad:
Fomento de la movilidad activa y colectiva: Impulsar el uso de la bicicleta o el patinete mediante infraestructuras seguras (aparcamientos protegidos, carriles de acceso) y, de forma crucial en los polígonos industriales, la creación de rutas de autobús de empresa o lanzaderas conectadas con el transporte público regular.
Alternativas compartidas y electrificación: Facilitar herramientas corporativas de carpooling (compartir coche entre compañeros para reducir el volumen de vehículos en carretera) y habilitar puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Flexibilidad organizativa: Entender que la mejor forma de evitar un accidente en el trayecto es, a veces, evitar el trayecto mismo o mitigar la prisa. Esto incluye la regulación del teletrabajo estructurado y la flexibilización de los horarios de entrada y salida para que la plantilla no se vea obligada a conducir en las horas punta de mayor congestión y estrés.
La ley viene a recordar al tejido empresarial que el viaje de ida y vuelta está intrínsecamente ligado a la actividad productiva. Los PMST no son solo una herramienta medioambiental para reducir la huella de carbono; son, ante todo, un escudo preventivo indispensable para salvar vidas en la carretera.
A la falta de alternativas colectivas se suman otros factores relacionados con la propia organización del trabajo. Jornadas prolongadas, realización de horas extraordinarias, turnos rotativos, trabajo nocturno o cambios continuos de horario incrementan la fatiga y disminuyen la capacidad de atención durante la conducción. Del mismo modo, la presión por llegar a tiempo, la falta de flexibilidad horaria o los retrasos acumulados pueden favorecer conductas de riesgo, como exceder los límites de velocidad o conducir bajo condiciones de cansancio extremo.
También existen riesgos derivados del propio entorno. Aparcamientos insuficientes o mal diseñados, accesos inseguros a los centros de trabajo, ausencia de pasos peatonales adecuados o deficiencias en la iluminación pueden incrementar la probabilidad de sufrir un accidente incluso antes de comenzar la actividad laboral.
En definitiva, los accidentes in itinere nos recuerdan que la seguridad y la salud laboral no terminan en la puerta del centro de trabajo. Ir a trabajar no debería convertirse en una actividad de riesgo asumida como algo normal. Incorporar la movilidad a las políticas preventivas es una cuestión de responsabilidad, pero también de justicia con las personas trabajadoras que cada día recorren kilómetros para sacar adelante su trabajo. Porque la prevención eficaz no empieza cuando se ficha: empieza desde el momento en que una persona sale de casa para ir a trabajar.