UGT Servicios Públicos -a través de sus delegados y delegadas en la Junta de Personal Funcionario de Castilla-La Mancha- ha mostrado hoy su rechazo al proyecto de Ley de Simplificación Administrativa por considerar que supone la privatización encubierta de los servicios públicos y la creación de una administración paralela para ricos y sin esperas, pagando a entidades colaboradoras que se ocuparían de acelerar los trámites administrativos.
Delegados y delegadas de UGT se han concentrado hoy a las puertas de la Consejería de Administraciones Públicas, en Toledo, para protestar por una ley que -si bien está en trámite parlamentario- no cuenta con el consenso ni acuerdo de las organizaciones sindicales, una norma que -tal y como recuerda y según el informe del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha- podría estar incurriendo en una inconstitucionalidad.
UGT Servicios Públicos sostiene que también está en juego la garantía de contar con unos servicios públicos objetivos y de calidad, alterándose además las reglas de juego en cuanto a lo recogido en la Ley de Empleo Público.
El sindicato denuncia que la estructura del personal funcionario de la Junta de Comunidades cada vez se parece más a una “pirámide invertida” en la que predominan los puestos de asesores, altos cargos y libre designación y en la que, sin embargo, escasean los puestos de base.
En lugar de hacer oposiciones e incrementar la plantilla de base, UGT lamenta que el Gobierno regional opte por esta fórmula de privatizar un trabajo que ya realizan funcionarios, abriendo la puerta así a la precariedad laboral y a la cesión de datos de ciudadanos y ciudadanas a empresas privadas.
La Unión General de Trabajadores y Trabajadoras asegura que esta ley no busca la simplificación administrativa sino la privatización y el que la carga burocrática se haga, mediante pago, mediante empresas privadas, tal y como ocurre ya en el sector primario con los trámites burocráticos que tienen que hacer agricultores y ganaderos.
