UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha muestra su solidaridad con la educadora del piso tutelado de la Diputación de Vizcaya que ayer, en Bilbao, fue víctima de un apuñalamiento por parte de un usuario del centro, hechos por los que ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente.
El sindicato pone de manifiesto que sucesos tan graves como éste no pueden seguir normalizándose en el trabajo diario de quienes velan por la protección, educación y acompañamiento de menores en situación de conflicto. Las trabajadoras y trabajadores del sistema de protección y reforma llevan años sufriendo agresiones físicas, amenazas, sobrecarga, abandono institucional y condiciones laborales indignas, sin que exista un protocolo estatal que garantice entornos seguros ni una apuesta clara por la prevención de riesgos reales.
UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha advierte -como ya ha hecho en otras ocasiones- de que la región también adolece de la falta de recursos y de garantías mínimas para atender a los menores que se encuentran en los centros y pisos tutelados de Castilla-La Mancha. Recuerda que lo ocurrido ayer en Bilbao y la muerte el pasado mes de marzo en Badajoz de una educadora es la “punta del iceberg” de una realidad en la que no se dan las condiciones óptimas para que las personas trabajadoras desarrollen sus funciones con seguridad.
Pide a la Junta de Comunidades -responsable de la atención a estos menores- una profunda revisión de los procesos de externalización de este servicio público y del modelo asistencial, así como un análisis de cada centro o piso tutelado para adecuar los recursos.
En términos generales, y en clave nacional, el sindicato asegura que este suceso revela la necesidad urgente de que las administraciones públicas exijan a las entidades gestoras la garantía total de la seguridad y salud laboral de las personas trabajadoras. También la urgencia de establecer un marco mínimo regulador estatal de condiciones laborales, especialmente en lo relativo a ratios mínimas de personal por centro y turno, formación obligatoria y supervisión técnica.
Por último, “es imprescindible una financiación suficiente por parte de las administraciones para evitar la precariedad estructural del sector, que es caldo de cultivo para el desgaste psicosocial y la inseguridad”.