Según los datos publicados hoy por el INE; el número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Castilla-La Mancha el pasado mes de junio fue de 1.829, lo que supone un 32,4 % más que el mismo mes del año anterior (frente a una subida del 31,67% a nivel nacional). Y en cuanto al capital prestado en la región asciende a 208,49 millones de euros, lo que supone un importantísimo incremento, ya que el pasado año fueron 146.260 millones. En cuanto al tipo de interés medio en junio se sitúa en un 2,99 %, lo que supone un aumento con respecto al mes anterior cuando el interés se situaba en un 2,91%.
Desde UGT CLM, la secretaria de Empleo, Igualdad, y Políticas Sociales, Isabel Carrascosa, ha mostrado su preocupación por el aumento del número de familias hipotecadas en la región, y pide nuevamente un incremento de los salarios para que las familias no tengan que destinar la mayor parte de lo que gana a la compra de una vivienda.
Precisamente el sindicato ha elaborado el informe “Convenios colectivos y derecho a la vivienda: El precio de un bien básico se come los salarios. Análisis sectorial y territorial”, del que se desprende que, de media en España, las personas trabajadoras necesitan más de 47 años de salario neto (dedicando el 40% del mismo) para comprar una vivienda media. Y en el caso de nuestra región en una ciudad como Toledo, un trabajador o trabajadora tiene que destinar, de media, entre un 30 y un 40% de su sueldo a la adquisición de una vivienda y más de un 40% si opta por el alquiler.
“La realidad es que, con los salarios actuales, las personas trabajadoras están siendo expulsadas del mercado de la vivienda. Esto no es solo una cuestión económica o social, sino de derechos, porque la vivienda es un derecho humano. Por eso, desde UGT reclamamos aplicar, de manera efectiva e íntegra, la Ley Estatal de Vivienda; frenar la especulación y movilizar viviendas vacías; ampliar el parque público de vivienda social; regular los precios del alquiler allí donde el mercado está tensionado; regular los pisos turísticos e instar políticas públicas coordinadas para garantizar de forma efectiva el derecho a la vivienda para todas las personas, especialmente para quienes menos tienen”.
Para ello -destaca Carrascosa- se necesita una apuesta decidida por impulsar la negociación colectiva para mejorar salarios, especialmente en los sectores más precarizados.