UGT Servicios Públicos Albacete denuncia la grave situación que atraviesa la Policía Local de Almansa debido a la falta de efectivos, el deterioro de las condiciones laborales, las vulneraciones de derechos y la ausencia de diálogo por parte del equipo de gobierno. Ante la falta de soluciones, informan que se ha interpuesto un recurso contencioso- administrativo y otras acciones de defensa colectiva previstas en la legislación vigente.
Tal y como explica el secretario general de UGT Servicios Públicos Albacete, Ricardo García; existe falta de reposición de efectivos, el personal cada vez tiene que aguantar una mayor carga de trabajo y esto se traduce en un empeoramiento de las condiciones laborales y salariales.
“Desde siempre, los eventos extraordinarios han requerido un refuerzo de efectivos que se han venido cubriendo gracias a la realización voluntaria de horas extraordinarias, que, aunque han supuesto un esfuerzo y desgaste notable para los agentes, han permitido al Ayuntamiento organizar con éxito numerosos actos.
Sin embargo, la falta de reposición de efectivos, el incremento de la carga de trabajo y el deterioro de las condiciones laborales y salariales ha llevado a las secciones sindicales de UGT y CSIF a solicitar mejoras por escrito. Pero pese a la voluntad de diálogo y a la celebración de diversas reuniones, la ausencia de propuestas reales por parte del equipo de gobierno ha impedido alcanzar un acuerdo, y ante ello, los agentes decidieron suspender la realización voluntaria de horas extraordinarias en eventos a partir de febrero del presente año”.
Como consecuencia, el pasado 15 de mayo, Alcaldía dictó el Decreto 1203/2025, con menos de 48 horas de antelación respecto a la Media Maratón, denegando todos los permisos concedidos y obligando a diecisiete agentes, que se encontraban en su jornada de descanso, a trabajar bajo apercibimiento disciplinario.
A esta situación se suma la falta de cobertura de las plazas vacantes. A finales de este año, el servicio de Policía Local contará con 4 agentes menos. Desconocemos si esto se debe a una política de austeridad, o a la falta de apuesta por la seguridad pública. Esta situación incrementa la sobrecarga de trabajo y compromete tanto la salud de los agentes como la calidad del servicio.
Asimismo, preocupa la intención del equipo de gobierno de no respetar, a partir de 2026, los términos del cuadrante de servicios aprobado en mesa general de negociación por unanimidad en 2019, así como su apuesta reiterada por recurrir a empresas privadas para cubrir eventos, en lugar de priorizar la negociación y colaboración con su propio personal, generando así, un sentimiento de desmotivación e infravaloración entre la plantilla.
“La seguridad de la ciudadanía jamás debería depender de mecanismos externos.
Ante la falta de soluciones, informamos que se ha interpuesto un recurso contencioso- administrativo y otras acciones de defensa colectiva previstas en la legislación vigente. Por respeto al principio sub iudice, no valoraremos el fondo jurídico hasta que los tribunales se pronuncien. Nuestro objetivo es proteger los derechos laborales de los agentes y frenar el deterioro de sus condiciones de trabajo”.
“Pese a las dificultades, el servicio ordinario se ha venido prestando con plena profesionalidad. Al mismo tiempo, reiteramos nuestra total disponibilidad para el diálogo y solicitamos que se restablezcan unas condiciones justas, que permitan ofrecer un mejor servicio siempre en beneficio de la ciudadanía.
La seguridad de todos no puede sostenerse a costa del desgaste de quienes la garantizan”.