Desde la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), han trasladado a la Ministra de Trabajo y Seguridad Social y a la Ministra de Igualdad, su profunda preocupación tras la Sentencia del Tribunal Supremo nº 1198/2025, que anula la Disposición Final Primera del Real Decreto 893/2024.
Esta decisión supone un serio retroceso en la protección de las trabajadoras del sector de dependencia, especialmente de aquellas que prestan servicio en el ámbito del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).
La disposición anulada incorporaba medidas fundamentales para la prevención de riesgos laborales, tales como la evaluación presencial de los domicilios y la adecuación de los medios de trabajo a las condiciones reales de cada entorno. Su supresión deja a miles de trabajadoras sin un marco específico de protección frente a riesgos físicos y psicosociales.
“Por ello, hemos solicitado la apertura urgente de un proceso de diálogo institucional con las organizaciones sindicales más representativas, con el fin de diseñar una nueva normativa que garantice la protección de las trabajadoras del sector, reforzando los mecanismos preventivos y asegurando su aplicación efectiva.
Confiamos en que ambos Ministerios mantengan su compromiso con la mejora de las condiciones laborales y la dignificación del trabajo en el sector de la dependencia, donde la prevención y la salud laboral deben ocupar un lugar central”.