Según la última estadística publicada por el INE relativa al mercado laboral y discapacidad del año 2024, Castilla-La Mancha registró durante ese año un total de 40.100 personas con discapacidad en situación de alta en la seguridad social. Mientras que las personas con discapacidad en no situación de alta laboral ascendieron a 114.400, lo que supone que el 74,05 % de las personas con discapacidad de nuestra región no está en alta laboral, 32.500 en Ciudad Real, 31.500 en Toledo, 22.500 en el caso de Albacete, 14.900 en Cuenca y 13.100 en la provincia de Guadalajara.
Si comparamos los datos con el año anterior 2013, el número de personas con discapacidad en alta laboral ha aumentado un 4,70 %. A pesar de este incremento, desde UGT CLM, la secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales, Isabel Carrascosa afirma que estos datos demuestran la persistencia de barreras estructurales que dificultan la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad y pone de manifiesto la necesidad de reforzar las políticas de empleo dirigidas a este colectivo.
“Desde el sindicato consideramos necesario diseñar políticas activas de empleo con un enfoque de género y discapacidad para combatir la discriminación múltiple y promover la igualdad de oportunidades, además de corregir los problemas estructurales, barreras y desigualdades que afectan a este colectivo. Las cifras de empleo son muy desiguales para estas personas. Queremos que esta cuestión esté en la agenda pública y también debemos impulsar más medidas de protección para este colectivo a través del Diálogo Social”.
Carrascosa también ha incidido en la necesidad de reducir las listas de espera para el reconocimiento de la discapacidad, agilizando los procedimientos y aumentando los recursos para la valoración, teniendo en cuenta que los retrasos para obtener el reconocimiento oficial pueden superar el año, impidiendo el acceso al empleo protegido o a medidas de acción positiva.
Y en relación a la discapacidad sobrevenida, la responsable de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales ha reclamado la necesidad de integrar también a estas personas facilitando la adaptación de su puesto de trabajo siempre que sea posible, y protegiendo su empleo.
“Para eso está la negociación colectiva y los convenios, que deben incluir cláusulas que protejan a estas personas, y prever la posibilidad de reubicar a la persona trabajadora con discapacidad sobrevenida a un puesto de trabajo compatible con su capacidad”.
Igualmente, ha abogado por reforzar la inspección laboral y la sanción efectiva para garantizar el cumplimiento de la cuota de reserva del 2 % para personas con discapacidad en España, una obligación legal para las empresas con cincuenta o más trabajadores.