Las concesiones del Gobierno a varios grupos políticos, en el periodo de negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado, ha puesto de manifiesto que los sindicatos teníamos razón cuando decíamos que había dinero para llevar a cabo esas propuestas y que el problema fundamental era la ausencia de voluntad política.
Ambas organizaciones exigimos al Gobierno el carácter retroactivo del incremento de las pensiones desde enero de 2018, ya que la entrada en vigor de los presupuestos, si son finalmente aprobados, está prevista para junio y la estimación del coste de la revalorización de pensiones debe garantizar un incremento de pensiones que garantice su poder adquisitivo desde principios de año.
Las organizaciones sindicales señalamos además que para que no haya pérdida de poder adquisitivo, no basta con subir las pensiones conforme al IPC previsto, como se ha anunciado, sino que la fórmula de revalorización acordada en el Diálogo Social en 1996, que ha generado el mayor periodo de nuestra historia reciente con garantía de poder adquisitivo de las pensiones, derogada por la reforma de 2013, establecía una necesaria cláusula de revisión -una vez que el IPC anual sea definitivo- que ahora no aparece.
Todo ello, ratifica la necesidad de derogar la reforma de 2013 en su integridad, ahora sólo retrasada en el tiempo en su ejecución: tanto el Índice de Revalorización de Pensiones, como el Factor de Sostenibilidad que se definió en ella.