El escrito firmado por UGT, CCOO y Acescam solicita seis medidas: un plan integral de actuación; separación de los residentes según su estado; realización de más test tanto a usuarios como a trabajadores; entrega de EPIS suficientes; diseño de directrices de intervención en los centros residenciales y mayor comunicación con la administración.
El sector sociosanitario de FeSP UGT CLM junto a CCOO y a la Asociación de residencias y servicios de atención a los mayores de CLM (Acescam) han enviado hoy una carta al presidente de la JCCM, Emiliano García-Page, y al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, pidiendo la implantación de una serie de medidas para atajar la situación de “urgente necesidad” de las residencias de mayores de la región por el COVID-19.
Las tres organizaciones reclaman, en primer lugar, la aprobación y puesta en marcha “inmediata” de un plan integral de actuación en residencias, que permita separar a los usuarios según su estado de salud y empiece a evitar la multiplicación de contagios. En este sentido, piden también agilizar el funcionamiento de las residencias de casos para acoger en unas a los residentes positivos en COVID-19 (Residencias de Casos 1) y en otras a los que requieren cuarentena (Residencias de Casos 2).
Por otra parte, en la línea que UGT trasladó el pasado viernes al Gobierno regional, la carta pide la realización de más test rápidos para diagnosticar tanto a usuarios como a trabajadores. “Este debe ser el medio principal para determinar el modo en el que se clasifican los usuarios y los profesionales que pueden prestar servicio sin riesgo de contagio, así como los profesionales que ya se pueden incorporar”, detallan.
Piden también recibir más material de protección individual para cumplir con la legalidad vigente en prevención de riesgos laborales y, sobre todo, para no poner en peligro al colectivo que más riesgo de mortalidad está teniendo en esta pandemia.
Por último, los firmantes solicitan que la administración establezca directrices en la intervención de centros residenciales para lograr la colaboración con los profesionales de estos, y abrir un canal de comunicación diario con el Gobierno regional. “Favorecer la transmisión de información vertical y el feedback será más eficaz para todos”, afirman.
TODAS LAS RESIDENCIAS DE MAYORES TENDRÍAN QUE SER INTERVENIDAS POR EL ESTADO Y TERMINAR CON ESTE NEGOCIO PRIVADO A COSTA DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD DE NUESTROS MAYORES Y DE LOS TRABAJADORES QUE ADEMÁS ESTÁN EN UNA TOTAL PRECARIEDAD