El sindicato defiende que los trabajadores y trabajadoras se incorporen a sus puestos presenciales solo cuando estos sean seguros, para lo cual es necesario también la adecuación a la última normativa sanitaria de la resolución del 10/05 de la Dirección General de Función Pública.
La Federación de Servicios Públicos de UGT CLM ha interpuesto una demanda ante la sala de lo social del TSJ solicitando medidas cautelarísimas para que la Dirección General de Función Pública realice las evaluaciones de riesgos obligatorias por ley y los protocolos pertinentes antes de volver al trabajo presencial.
El sindicato considera que con la resolución del 10/05 de dicho organismo sobre la reincorporación presencial al trabajo no se garantiza la ausencia de riesgo, ya que a día de hoy hay puestos sin evaluar y los protocolos no han sido consensuados con las organizaciones sindicales ni incluyen las últimas medidas sanitarias, como es el uso obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados.
Según Luis Manuel Monforte, responsable del sector Autonómico y Sociosanitario de FeSP UGT CLM, es imprescindible contar con los representantes de los trabajadores para detallar los protocolos. “En el foro que se debatió la instrucción no se llevó a cabo ninguna negociación, fue una imposición directa sin recoger aportación ninguna a pesar de que desde UGT habíamos registrado ya el 20 de abril un documento técnico con 14 medidas a implementar en la incorporación”, detalla.
FeSP UGT CLM defiende la incorporación y vuelta a la normalidad progresiva, pero de manera segura: “Nuestra demanda está centrada en la protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras de la JCCM, y mientras esto no se garantice no se puede volver a los centros de trabajo independientemente de la fase de desescalada en la que nos encontremos”, afirma Monforte.