Los sindicatos de la función Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha -UGT, CCOO, CSIF y STAS- denuncian que desde el Gobierno de Emiliano García-Page no se están incluyendo medidas como el teletrabajo en la Administración Pública como medio para reducir la incidencia del virus y garantizar la prevención de riesgos laborales del personal público.
En la última semana se han notificado 2.626 muertes por coronavirus en España y la incidencia acumulada de Castilla-La Mancha asciende a 1.247 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 359 casos más que la tasa nacional. Ante esta incidencia desde la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud recomiendan “acudir al trabajo de manera excepcional, para actividades o reuniones precisas siempre que se mantengan las medidas de distanciamiento físico e higiene y prevención”, recomendación ignorada por el gobierno regional.
Esta situación de extrema peligrosidad no ha resultado suficiente para que el Ejecutivo de García-Page tome medidas eficaces para proteger la salud de las 16.000 personas que forman parte del personal público. «Sorprende que no tomen más medidas siendo el laboral el segundo ámbito regional donde se producen más brotes de coronavirus».
La evidencia científica ya ha demostrado que son los aerosoles el principal medio de contagio del COVID19, siendo insuficiente la distancia de dos metros en espacios cerrados. Sin embargo, todo el personal público tiene que continuar acudiendo a sus centros de trabajo, donde ni siquiera existen dispositivos que midan la calidad del aire (CO2).
El día 18 de enero el presidente Emiliano García-Page anunciaba una serie de estrictas medidas para hacer frente a esta tercera ola y la población castellano-manchega ha asumido durante estos días un importante esfuerzo para vencer al virus. Sin embargo, el Gobierno regional no asume el mismo esfuerzo en la prevención de contagios del personal público.
De su mano está implantar el teletrabajo para evitar nuevos brotes y contagios, una solución relativamente sencilla y con un coste económico muy modesto que se puede poner en marcha de forma rápida como se ha visto con el temporal Filomena, donde con poco tiempo de aviso el personal público ha continuado desarrollando sus trabajo de forma telemática, cumpliendo con eficacia su tareas y funciones, a pesar de que multitud de empleados y empleadas se han visto obligadas a compatibilizar su tareas laborales con el cuidado de sus hijos e hijas.
Esta animadversión hacía el teletrabajo del Gobierno regional también se refleja en la continua negación de las solicitudes de teletrabajo del personal que se viene sufriendo desde que en el mes de julio se exigiera el informe vinculante de la Dirección General de Función Pública. Además, desde los sindicatos se lleva meses solicitando que se empiece a negociar el nuevo decreto de teletrabajo cuyo plazo de publicación está a punto de expirar.
Observamos con mucha inquietud esta falta de preocupación del Gobierno regional por la salud de las 16.000 personas que forman parte de esta administración pública.