UGT Castilla-La Mancha ha advertido hoy de las necesidades de personal que conllevará la puesta en marcha en la región de nuevas infraestructuras sanitarias como son el Hospital Universitario de Toledo o la ampliación del Hospital de Guadalajara. En opinión del sindicato, hoy por hoy no hay plantilla suficiente para asumir la carga de trabajo que supondrá la apertura de estos centros.
En rueda de prensa, el responsable regional de Sanidad de UGT Servicios Públicos, Fernando José Peiró, considera que ha llegado el momento de incrementar el número de plazas estructurales de la sanidad castellano-manchega. Explica que el nuevo Hospital de Toledo –donde la actividad quirúrgica empezará el 20 de septiembre y el traslado total deberá producirse antes de que acabe el año- y la ampliación del de Guadalajara –donde se llegarán a duplicar algunos servicios- “van a requerir de este aumento de plazas”.
Recuerda que la pandemia no ha terminado y que en los centros hospitalarios sigue habiendo pacientes ingresados por Covid, siendo necesario también abordar la lista de espera quirúrgica, la de consultas con especialistas y la de pruebas diagnósticas y es que “el resto de patologías no han desaparecido.
La sobrecarga de trabajo y la saturación asistencial también afecta –añade- a la Atención Primaria y a los servicios de urgencias hospitalarias y extrahospitalarias. Una prueba de ello es la falta de dotación de profesionales en las UVIs móviles que estas últimas semanas ha venido denunciando UGT. Ha ocurrido en Almansa, en la provincia de Albacete, o en Torremocha del Campo y Azuqueca de Henares, en la provincia de Guadalajara, donde UVIs móviles han salido a atender una urgencia sin médico de emergencia.
Desde UGT, el responsable de Sanidad del sindicato solicita al Sescam la contratación de un grupo de profesionales ex profeso para la cobertura de ausencias sobrevenidas en todos los ámbitos asistenciales. Igualmente, “la dotación para la provincia de Guadalajara de Soportes
Vitales Avanzados con Enfermero (SVAE), en los que no va un médico (que en otras provincias existe y aquí no), junto a la recuperación del vehículo para realizar traslados secundarios a otros hospitales de Madrid o Castilla-La Mancha sería una gran noticia, cuestión que debe incluirse en los próximos pliegos de licitación del transporte sanitario terrestre en Castilla-La Mancha”.
En términos generales, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores pide al Gobierno regional previsión respecto a la necesidad de profesionales y no solo prolongando los contratos realizados por encima de la plantilla, si no creando plazas estructurales.
Además, demanda al Sescam celeridad en la actualización de la Bolsa de Trabajo, cuyos últimos listados definitivos son del año 2018; la resolución del Concurso de Traslados o nuevos sistemas de movilidad en el ámbito de Primaria o Emergencias; la puesta en marcha del sistema de Carrera Profesional –“somos la única comunidad que no ha reanudado este sistema de reconocimiento profesional”-; y la consecución de nuevos derechos laborales como pudieran ser la equiparación en el número de vacaciones por antigüedad con los funcionarios de la Junta, la exención voluntaria de noches a partir de una determinada edad; y el derecho a la jubilación anticipada, sin merma retributiva, para los profesionales de la sanidad.
“No entendemos las prisas del Sescam en publicar la convocatoria de oposiciones para el colectivo de informáticos”
Por otro lado, Fernando Peiró también se ha referido al conflicto laboral del colectivo de informáticos en el Servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha. Sobre él ha dicho no entender las prisas del Sescam en publicar la convocatoria de oposiciones el 31 de agosto, máxime cuando este colectivo podría verse beneficiado por las modificaciones para reducir la temporalidad que se quieren incluir en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Recuerda que, en la mesa de negociación donde se llevó a cabo la convocatoria de estas plazas, UGT votó en contra de manera excepcional debido a varios motivos. Entre ellos que en ella no se aceptó la propuesta de UGT para que en el cómputo de servicios prestados se baremara un mínimo de 20 años, limitándolos finalmente a 13. Tampoco se aceptó la propuesta de UGT de limitar a una sola el número de pruebas a realizar en la fase de oposición. “Y lo más importante, no se ha tenido en cuenta el acuerdo para reducir la temporalidad en el empleo público que actualmente está en fase de tramitación en las Cortes Generales”.