UGT Castilla-La Mancha defiende la necesidad de volver a plantearnos el coste del despido ya que -asegura- la legislación no cumple con lo establecido en la Carta Social Europea. En estos términos, y según los datos que maneja el sindicato, CLM es una de las regiones con los costes por despido más baratos del país, solo por delante de Baleares, Canarias y Murcia.
El año pasado, hasta los juzgados de lo Social llegaron 3.013 asuntos por despidos, siendo la cuantía media del despido en Castilla-La Mancha de 7.441 euros. Por provincias, en Albacete la media estuvo en los 11.461 euros -fue la provincia con mayores cuantías medias-; seguida de Cuenca, con 8.244 euros; Toledo, con 7.729 euros; Guadalajara, con 7.783 euros; y Ciudad Real, con 5.077 euros.
La secretaria de Empleo y Política Sindical de UGT CLM, Isabel Carrascosa, considera que es preciso revertir la regulación del despido en España fundamentalmente desde la reforma laboral de 2012 efectuada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Recuerda que el sindicato a nivel confederal puso una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales al entender que la legislación española incumple lo establecido en la Carta Social Europea.
“Si bien siempre se ha dicho que España es el país más caro para despedir, los datos desmienten esta afirmación puesto que nuestro país es uno de los de la UE con más despidos, cerca de medio millón anuales, de los que una gran parte son reconocidos como improcedentes por las propias empresas o a través de resoluciones judiciales”.
Según el informe “El coste del despido individual sin causa justificada en España” elaborado por UGT, las cuantías de las indemnizaciones por despido improcedente son muy escasas. Para un contrato temporal la indemnización media está en 1.500 euros; para un contrato parcial indefinido en 4.642 euros; para uno fijo discontinuo alcanza los 4.493 euros; y para un indefinido, la indemnización media está en 9.512 euros”.
Isabel Carrascosa asegura que son cantidades que no disuaden a nadie, de ahí que defienda que haya que dar un paso más incrementando sustancialmente las indemnizaciones que se producen por el despido injusto. Opina, además, que es esencial recuperar los salarios de tramitación como parte de la indemnización, incorporar la facultad de opción a favor de la víctima en un despido injusto y que sea ella, en última instancia, la que elija entre readmisión o indemnización, como ocurre en Francia”.
Igualmente, “pedimos reestablecer una indemnización mínima en todo caso y con independencia de la antigüedad y salario, algo de los que ya tenemos antecedentes en nuestra legislación donde en 1976 ya se fijaba una indemnización mínima de 6 meses de salario y recuperar los 45 días por año trabajado, que históricamente tuvimos en nuestra regulación desde 1980 hasta 2012. Y si todo esto no compensa suficientemente a la víctima porque hay unos daños mayores, establecer una indemnización adicional atendiendo a la prueba del daño y con un tramo específico para atender la función disuasoria”.