Todas las personas despedidas contra su voluntad de Calzados Pablo SLU, el comité de empresa que las representa y sus sindicatos, UGT FICA y CCOO-Industria, han comenzado ya a preparar un conflicto judicial de múltiples frentes contra la familia Martín-Caro, propietaria de la mencionada empresa y del grupo Pablosky, para reclamar la nulidad y/o improcedencia de los despidos, por un lado; y por presunta vulneración de derechos sindicales de relevancia constitucional, por otro.
A finales del pasado año, los Martín-Caro plantearon un ERE “por causas económicas” para despedir a 48 personas, el 15% de las 315 que integraban la plantilla de la fábrica de Calzados Pablo SLU en Fuensalida (Toledo).
Desde el primer momento, los sindicatos advirtieron de que la única posible causa del ERE era el traslado a Marruecos de parte de los trabajos de cosido y aparado que hasta el pasado verano se venían realizando en la fábrica de Fuensalida; y reclamaron a los Martín-Caro que evitaran en todo caso los despidos traumáticos, facilitando e incentivando las salidas de las personas de mayor edad, muchas de las cuales llevan hasta 50 años trabajando para la marca Pablosky.
El 4 de enero, la negociación del ERE finalizó sin el acuerdo de la parte social, que incidió en que las causas económicas eran más que discutibles; que la Memoria del ERE adolecía de múltiples carencias y defectos; que en ningún caso se justificaba la brutal destrucción de empleo pretendida por la empresa justo tras comenzar a deslocalizar producción a Marruecos; y que los Martín-Caro no habían negociado con buena fe, reservándose información económica referente tanto a Calzados Pablo SLU como a otras filiales del grupo Pablosky, y al propio Grupo; seleccionando desde el inicio los colectivos de trabajadores/as a despedir y excluyendo a otros; limitando al mínimo legal las indemnizaciones a abonar, y presionando a las/os trabajadores y, especialmente, a sus representantes sindicales.
Tras la negativa de la parte social a aceptar estas actuaciones, intimidaciones y exigencias, la familia propietaria del Grupo Pablosky ha ejecutado los despidos este fin de semana, doce voluntarios de personas que querían abandonar la empresa y 34 forzosos; sin aguardar al informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y llamando a las personas afectadas a recibir y firmar sus cartas de despido sin permitir que acudieran acompañadas de sus representantes sindicales, y ordenándoselo así expresamente.
Los sindicatos consideran que varios de los despidos forzosos son nulos, al afectar a personas a las que los Martín-Caro tuvieron que incorporar recientemente a la plantilla de Calzados Pablo SLU tras ser declaradas ‘falsos autónomos’ por la Inspección de Trabajo; y pedirán también la improcedencia del resto, por lo que les corresponderían indemnizaciones de 33 o de 45 días por año, frente a los 20 días/año, con un límite de una anualidad, (más “una limosna”) establecidos por su empresa en el ERE que los hermanos Martín-Caro han ejecutado sin acuerdo sindical.
Amén de la nulidad y/o a la improcedencia de los despidos, el comité de empresa y los sindicatos estudian demandar también a los Martín-Caro por las presiones, advertencias e intimidaciones más o menos veladas (más bien poco), y más o menos virulentas (más bien mucho) que vienen trasladando día sí y día también a la plantilla en su conjunto, y muy especialmente a sus representantes sindicales, para obstaculizar o impedir la oposición al ERE; y que podrían constituir vulneraciones de derechos fundamentales.
La propia privación a las personas despedidas de su derecho a tener el acompañamiento y respaldo sindical en el momento en que se les convocó individualmente a recibir la comunicación de la extinción de sus contratos, levantando a cada una/o de las/os trabajadoras/es afectadas/as de sus puestos de trabajo entre las 10.30 y las 14.00 horas del viernes, pone en evidencia que, con la deslocalización de la producción a Marruecos, los Martín-Caro no solo buscan abaratar costes laborales, sino también ejercer su actividad empresarial en un entorno más laxo en la exigencia de condiciones laborales dignas y con más limitados derechos de las personas trabajadoras.