UGT Servicios Públicos ha solicitado en varias ocasiones que se dote urgentemente de personal para realizar la ejecución de las medidas judiciales impuestas por el Juzgado de Menores de Toledo. Y es que tal y como subraya el sindicato, de este aumento de plantilla depende la calidad de los servicios que redundarán en el bien del menor que ha cometido los delitos, así como en el resarcimiento de las víctimas que han denunciado.
Según datos del 2023, las medidas a ejecutar por provincias fueron, Cuenca con 47, Guadalajara con 135, Albacete 230, Ciudad Real con 375 y finalmente Toledo con la alarmante cifra de 752, medidas judiciales. Pero lo más preocupante es que Toledo cuenta con el mismo personal que la provincia de Ciudad Real, y con un trabajador menos que la de Albacete.
“Para que nos hagamos una idea, la situación de Toledo es muy similar a la de un juzgado de Barcelona, Sevilla o Baleares, lo que no sitúa en primera posición a nivel nacional en carga de trabajo”.
El sindicato ha alertado de esta situación en varias ocasiones. La última petición ha sido realizada a la responsable de la Dirección General de Infancia y Familia, y anteriormente el sindicato lo ha solicitado en mesa sectorial de creación de plazas de RPT en diciembre de 2023, y en el comité de seguridad y salud laboral a nivel provincial.
Solicitudes, que han sido avaladas por el propio Magistrado del Juzgado de Menores, José Ramón Bernabé María, quien igualmente mantuvo una reunión con esta Dirección General, con el firme propósito de alertar que era urgente dotar de más plantilla este servicio.
“La última información que hemos recibido por parte de la Dirección General de Infancia y Familia es que la propuesta realizada a Función Pública es el aumento de la plantilla en tan sólo dos técnicos más, lo que apenas bajaría la ratio de menores atendidos por estos técnicos, ya que en la actualidad, un técnico de Toledo atiende a más de 90 menores, mientras que por ejemplo, Cuenca, tiene a su cargo una media de 11 y otras provincias como son Albacete 25, Ciudad Real 46 y Guadalajara 33. Es decir, tan sólo bajaría la ratio a más de 83 menores, porque, además, uno de los técnicos es el responsable de coordinar y no atiende a menores directamente”.
Por todo ello, UGT Servicios Públicos insta a que estas plazas sean llevadas cuanto antes ante la oportuna mesa de negociación convocada por la DG de Función Pública, para que no se quede en el cajón, como tantas otras.
“La sociedad está cambiando y surgen nuevos delitos relacionados con el consumo de drogas, las redes sociales, bullying, abusos sexuales, bandas, ludopatías entorno a las casas de apuestas, robos… que requieren nuestra atención como sociedad. Y para poder actuar necesitamos más personal”.