El convenio de transporte de viajeros finalizó su vigencia el 31 de diciembre de 2018 y afecta a unos 700 trabajadores y trabajadoras de la provincia de Ciudad Real.
UGT y CCOO denuncian el bloqueo en el Convenio de Transporte de Viajeros de Ciudad Real por la negativa de la patronal a fijar la subida salarial acordada en el IV AENC y a implantar otras mejoras sociales y normativas para el personal de las empresas de transporte de viajeros por carretera.
Los sindicatos han propuesto regular las jornadas partidas con una compensación económica en aras a evitar interminables jornadas en el sector, donde los trabajadores a veces se encuentran a disposición del empresario más de 12 horas impidiendo realizar el descanso entre jornadas y la conciliación de la vida laboral y familiar.
También han pedido regular otros aspectos de la jornada laboral y compensar la prestación de servicios en domingos y festivos con un plus, días que ya son habituales de trabajo en los últimos años. Sin embargo, las empresas se han negado en rotundo a aceptar las propuestas sindicales realizadas y tan sólo han ofrecido un 1,7% de subida salarial sin cláusula de revisión salarial para un convenio a tres años.
Ante el bloqueo, UGT y CCOO van a iniciar una serie de asambleas en los centros de trabajo para determinar y acordar con las plantillas las medidas a adoptar, que irán en escala si no hay ningún movimiento por parte de la patronal, sin descartar en ningún momento la convocatoria de huelga.
Todo ello después de que en la mesa de negociación los sindicatos hayan hecho un «verdadero esfuerzo» por comprender las dificultades económicas del sector. «Durante los años de crisis los trabajadores han hecho un esfuerzo para mantener las estabilidad de las empresas porque entendían que las decisiones políticas de ese momento mermaban considerablemente la viabilidad de algunas de ellas, pero en la actualidad, una vez restituidas fórmulas de ayuda al transporte por parte de la administración, las empresas, ignoran ese hecho y pretenden mantener un estatus que no está acorde con las condiciones económicas del momento actual», aseguran desde UGT y CCOO.