UGT insta a las Autonomías a mover ficha para que la reclasificación del personal de la sanidad sea una realidad en 2023

UGT Servicios Públicos ha calificado de decisiva la reunión del Ámbito de Negociación, que se celebrará mañana, 27 de abril. El Gobierno y los agentes sociales abordarán la clasificación profesional del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud. El sindicato señala que se trata de una prioridad en la reforma del Estatuto Marco y urge al Ministerio a revisar y modificar sustancialmente la clasificación profesional del personal de los centros sanitarios. La organización sindical ha señalado que no caben más dilaciones en la tarea de adecuar el actual cuadro de titulaciones para que cumplan el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, suscrito por el Gobierno y UGT el pasado 19 de octubre. Este texto pone fin a dieciséis años de transitoriedad del Estatuto Básico del Empleado Público. La clasificación vigente es anacrónica y no responde a la realidad de los profesionales de la sanidad pública para que puedan prestar una asistencia sanitaria de calidad a la ciudadanía. 

El sindicato recuerda que el Acuerdo Marco recoge la plena aplicación y desarrollo de la clasificación profesional que marca el artículo 76 del TREBEP, con la creación de un nuevo grupo B y la reclasificación de las TCAEs. La culminación de su Disposición Transitoria Tercera posibilitará la aplicación íntegra de la clasificación del personal estatutario y su plena implantación a lo largo de este año 2023. Esta medida es fundamental para UGT, como parte firmante del acuerdo.

El Estatuto Marco debe regular la clasificación profesional del grupo C, conforme a lo dispuesto en el EBEP, integrando directa y automáticamente a los Técnicos Superiores (sanitarios y no sanitarios) en el nuevo grupo B y a los Técnicos (TCAEs, etc.) en el subgrupo C1, ya que están en posesión de los títulos exigidos para situarse en este grupo profesional.

En este sentido, Ana Francés, Secretaria de Salud de UGT Servicios Públicos, ha alentado a las Comunidades y Ciudades Autónomas a que opten por una actitud posibilista y asuman, tal como les corresponde, el coste que supondrá la reclasificación y la aplicación efectiva del artículo 76 del EBEP.

Deja una respuesta