UGT advierte de que los puestos vacantes en CLM han aumentado un 63% y pide mejorar las condiciones laborales

Isabel Carrascosa

Castilla-La Mancha, en los últimos años, está experimentando un importante incremento de los puestos de trabajo vacantes. Según las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer trimestre de 2023 había 5.860 vacantes, lo que representa un 63% más que en el mismo periodo de 2022, una cifra -además- no conocida en toda la serie histórica que recoge el INE, que se remonta hasta el año 2014.

En el conjunto del país hay 149.645 vacantes, un 11,6% más que el año anterior.

Isabel Carrascosa, secretaria de Empleo y Política Sindical de UGT CLM, ponía de manifiesto que -a pesar de este fuerte aumento y según los datos del Eurostat- España es uno de los países europeos con menor tasa de vacantes y es que, en relación a la población activa de Castilla-La Mancha, estos puestos tan solo representan un 0,57%

Si bien hay particularidades en cada una de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, los informes anuales del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)  relativos a 2022, muestran cómo en todas ellas predomina la escasez de personal sanitario, sobre todo médicos y enfermeras; trabajadores y trabajadoras de la hostelería, fundamentalmente camareros y cocineros; conductores; trabajadores del campo; y profesionales de la construcción como albañiles y fontaneros.

“Detrás de los problemas para cubrir las vacantes de algunas de estas ramas profesionales se encuentran las condiciones laborales que se ofrecen. Es el caso -sobre todo- del sector de la hostelería y de la agricultura”, apuntaba Isabel Carrascosa.

Añadía que existen tres factores que inciden en la dificultad para cubrir determinados empleos: la elevada precariedad laboral, la ineficacia de las Políticas Activas de Empleo y las disfunciones en la interacción entre el modelo formativo y el productivo.

Aunque desde el sindicato se considera que no existe un problema de “gran dimisión voluntaria de las personas trabajadoras”, sí que apunta como solución un cambio estructural que promueva una revalorización del trabajo, generando empleos más estables, más seguros y mejor retribuidos.

Su apuesta también pasa por reformar de manera profunda las Políticas Activas de Empleo -para dar respuesta a estos desajustes del mercado de trabajo- y por reforzar los servicios públicos de orientación laboral.

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